La universalidad y transnacionalidad de los nuevos medios de comunicación e información, con todas sus bondades, no deja de ir acompañada de importantes riesgos para las libertades de las personas, incluso para el Estado de Derecho. Esos riesgos tienen la nota común de que su procedencia radica en bancos de datos estructurados y combinados con los sistemas de comunicación.El objeto del presente trabajo se centra en las conductas ilícitas más frecuentemente vinculadas a los sistemas informáticos, desde el punto de vista del Derecho penal, y constituye un claro ejemplo de la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico a los cambios que surgen en la vida social.